Autor: Dr. Andrés Felipe Cubillos Novella[1]

En el estudio “Finanzas Públicas, Niñez y Juventud”, Alfredo Sarmiento y Jorge Iván González  concluyen que:

·   “ En contra de lo que sería deseable el gasto en niñez y juventud es procíclico, así que cuando a la economía le va mal, a los niños y a los jóvenes les va peor”. Y que,

·    “ En situaciones de crisis los grupos vulnerables, como los niños y los jóvenes pobres están especialmente desprotegidos. Y  esta afirmación es más evidente cuando se constata que el gasto en infancia y juventud es procíclico”.

Analizar las anteriores conclusiones requiere una mirada - frente a la niñez y la juventud- acerca los dos pilares sobre los que se fundamentan las determinaciones económicas y políticas; por una parte los  enfoques  desde la teoría  económica y por otra, desde  la política pública.

Con respecto al aspecto teórico  “no se ha desarrollado una teoría económica de la infancia porque se concibe a los niños como agentes económicos imperfectos”[2] y dado que  “los jóvenes son vistos  como una esperanza bajo sospecha - prueba de ello es la discriminación que sufren a todos los niveles, sin que ello se perciba como un problema.[3]-,  “tampoco hay un análisis económico de la juventud porque el comportamiento de los jóvenes, especialmente cuando disponen de un cierto monto de recursos, puede asimilarse al de los adultos”[4], y en cuanto al desarrollo de política pública, “la aproximación suele hacerse desde la perspectiva sectorial, en la que se destacan por su importancia las áreas de la educación y de la salud.”[5]

El anterior panorama  de la niñez y la juventud, enmarcado en las estrategias de desarrollo  vigentes impulsadas por el denominado “Consenso de Washington”, en donde Colombia al igual que los demás países de América latina y el caribe, han centrado la política económica  principalmente en asuntos de disciplina fiscal, liberalización de la política comercial y del régimen de inversiones, desregulación de los mercados internos y privatización de empresas públicas ; ha conducido a que prime tanto una  política social, como unas   políticas públicas  “incrementalistas” –más de lo mismo, con pequeñas variantes de diverso signo- y no “racionalistas” - cambios radicales, si ello es necesario, más allá de la actitud de los actores implicados-.[6]

Cabe anotar que dicha política ha tenido un efecto significativo sobre la volatilidad en los  países, y tal como afirma Guillermo Perry  “la volatilidad está clara y negativamente correlacionada con los niveles de inversión, que concentra la inversión en proyectos de corto plazo de una manera sub-óptima;  así como la pérdida de capital humano que ocurre durante profundas recesiones, tienen efectos negativos de largo plazo sobre la economía.[7] Pero más preocupante aún,  es que este comportamiento golpea principal y profundamente a la población pobre y vulnerable -consecuentemente a niños, jóvenes- del país, ya que son los que poseen menor capital humano y activos para enfrentar la recesión  económica que golpea el mercado laboral, y por esta razón se acentúan las consecuencias de dicho comportamiento macroeconómico, ante la flexibilización  y precarización del mismo.

Es importante resaltar que “ante la caída de sus ingresos, pueden existir pérdidas irreversibles en nutrición y niveles educacionales ante la ausencia de apropiadas redes de seguridad social” Luego, como bien lo plantea Perry, “no debiese sorprendernos, entonces, encontrar un comportamiento asimétrico de la pobreza durante las crisis profundas: la pobreza aumenta marcadamente durante recesiones profundas, pero no regresa a sus niveles pre recesión una vez que la economía se recupera”[8].

Como bien se deduce del estudio de Sarmiento y Sánchez,”en contra de lo que sería deseable el gasto en niñez y juventud es procíclico, así que cuando a la economía le va mal, a los niños y a los jóvenes les va peor”, puesto que durante los períodos de recesión, los más pobres soportan pérdidas tanto de sus ingresos como de los subsidios, por que además de la focalización de las políticas sectoriales, los recursos con los 
que se financian las principales instituciones  - ICBF, SENA, Cajas de Compensación Familiar- encargadas 
de ejecutar las políticas sectoriales que cobijan a niños y jóvenes, son recursos parafiscales, es decir 
aquellos provenientes por transferencias de nómina, las cuales se ven disminuidas ostensiblemente por los recortes de nómina en las entidades estatales.

Sin embargo, dado que  la política económica debe estar al servicio del bienestar de la población, y que “ el criterio final para evaluar la justeza de las políticas públicas y de las medidas tomadas en los frentes monetario y fiscal, debe ser el mejoramiento de la calidad de vida”[9]; es necesario implantar una política fiscal contracíclica para enfrentar así las condiciones adversas de la población pobre y vulnerable, dado que, como afirman Sarmiento y Sánchez, “en situaciones de crisis los grupos vulnerables, como los niños y los jóvenes pobres están especialmente desprotegidos. Y  esta afirmación es más evidente cuando se constata que el gasto en infancia y juventud es procíclico.”

El anterior planteamiento sería el procedimiento ideal, permitiéndole a  la población tanto inclusión como  equidad, para lograr de esta manera hacer viable una sociedad democrática y participativa, cuya guía debería ser la Constitución de 1991, a través de la cuál se reconoce a Colombia como  “un Estado Social de Derecho”; pero la realidad es bien diferente, y como plantea el Informe de la Contraloría “las condiciones internacionales, que se manifiestan en los acuerdos que ha firmado el país con el Fondo Monetario Internacional (FMI), han impedido la utilización de un margen de la política fiscal para jugar un papel anticíclico, cuyo objetivo sería la atención a la justicia distributiva”.[10]

Entonces, es claro que  “el gasto público tiene efectos multiplicadores si contribuye a la generación de 
activos (físicos, humanos, sociales)”, pero en Colombia dicho gasto “se ha expandido sin contribuir a 
atenuar el deterioro de los principales indicadores sociales.”

Por otra parte, lo más relevante, es la mirada  como inversión que  desde el desarrollo humano  debería 
dársele al Gasto en la Política Social; precisamente porque  favorece las oportunidades para el desarrollo y 
el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, y por tanto es altamente rentable y productivo para toda la sociedad.; siempre y cuando desde la niñez, la juventud y la mujer se incluyan “ los ámbitos de la Sobrevivencia - incluye las transformaciones y los desafíos relacionados con las condiciones materiales básicas que garanticen un nivel de vida digno para la población-; el desarrollo de capacidades - lo que aún resta por hacerse para que todos los niños y niñas puedan acceder a una educación de calidad y a desarrollar la creatividad y las habilidades que les permita gozar de una vida plena, en el seno de la familia, la comunidad y las instituciones- y la construcción de ciudadanía – la cual abarca las transformaciones necesarias y las dificultades que se deben superar para promover el desarrollo y el fortalecimiento de una ciudadanía plena-”; debido a que estas esferas constituyen un terreno particularmente fértil para la implementación de transformaciones que conduzcan hacia la conformación de sociedades incluyentes y cohesivas, orientadas 
por una ética de respeto por la dignidad humana y la democracia, basadas en esquemas de desarrollo sostenibles y equitativos.”[11]

Lo que se observa, al seguir diferentes estudios sobre niñez y juventud en Colombia –entre otros el de Sarmiento y González-, es que tanto la niñez como la juventud enfrentan situaciones complejas que impiden su desarrollo desde una perspectiva de los derechos y del desarrollo humano sustentable.

Lo anterior entonces, abre como base el siguiente cuestionamiento ¿cuál es la situación actual de la infancia 
y la juventud en Colombia?; para responder a esta  pregunta tomo como base  el estudio sobre la “Situación actual y prospectiva de la niñez y la juventud en Colombia”[12]; el cuál plantea que :la  población de niños, niñas y jóvenes   ha crecido en volumen y reducido en participación[13], y que por otra parte, la población colombiana se urbanizó – actualmente el 71% de los colombianos habita en alguna cabecera municipal y el 29% restante en áreas rurales o pequeños centros poblados-, presentándose en los últimos cinco años la  migración de aproximadamente 1.5 millones de personas, de las cuáles el 56.7% son niñas, niños y jóvenes, que  no han asimilado sus nuevas condiciones de vida.

El estudio muestra, que cerca de la mitad de los niños, niñas y jóvenes, están por debajo del nivel de pobreza y que  para ellos y ellas la carga de enfermedad y muerte es muy grande - especialmente en los sectores más vulnerables-, negándoles de esta manera  la posibilidad de crecer y  desarrollarse en condiciones de salubridad, buena nutrición, afecto, condiciones de vida y ambientales adecuadas; adicionalmente, la anterior  situación se agudiza, debido a la asociación existente entre el hambre y   problemas tales como: el bajo rendimiento escolar y el bajo peso al nacer de las futuras generaciones.

De igual manera, resaltan que el gasto en educación es el gasto directo más importante que se hace en la niñez y juventud por parte del gobierno nacional, y  que mientras este no tenga un crecimiento real constante es difícil que los gastos destinados a niñez y juventud tengan permanencia a lo largo de varios periodos.

Entonces, es claro que la  obligación  que tienen el Estado, la familia y la sociedad de darles un tratamiento particular durante el periodo de la vida en que trascurre su desarrollo como personas y su formación antes de integrarse a la sociedad de adultos, asegurándoles las condiciones necesarias para el pleno ejercicio de sus derechos, no se está cumpliendo; lo cual, tal como lo plantea la investigación,  revela la fragilidad de los instrumentos legales y de las acciones de la política pública para generar cambios significativos en las formas de relación de la sociedad entre los adultos con los niños, niñas y jóvenes; y en su reconocimiento como sujeto de derechos.