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http://www.disabilityworld.org/April-May2000/Spanish/Mediacion/kayschriner.html Mediación
y actividades legislativas:
Se
considera que los informes anuales sirven a los activistas para asegurar que los
gobiernos no discriminan contra las personas con discapacidades.
Ahora
se puede leer el informe de febrero del 2000 www.state.gov/www/global/human_rights/1999/_hrp_report/99hrp_index.html,
que
es la página electrónica del Departamento de Estado. Discriminación
basada en la discapacidad Puede
que se mencione la situación de las personas con discapacidades en cualquier
sección del informe, pero el título "Discriminación basada en raza,
sexo, religión, discapacidad, idioma o nivel social" encabeza la sección
5. En esta sección se resume lo que el país aporta y cuáles son los problemas
por solucionar. No
se debe entender la información literalmente, sino como una fuente de datos útiles.
Por ejemplo, el Departamento de Estado informa que en Alemania "no hay
discriminación contra los discapacitados en el trabajo, la educación o la
entrega de servicios del gobierno".
Otro
informe afirma que el gobierno japonés ha "reconocido que se esterilizó,
sin que lo supieran, a unas 16.500 mujeres con discapacidades entre 1949 y 1992;
mas se negaron a compensarlas o disculparse a ellas".
Lo
raro es que mientras el Departamento de Estado informa frecuentemente a cuántas
mujeres se ha elegido o nombrado a cargos, poco es el comentario que hay sobre
el poder político de la población con discapacidades. La excepción es una
mención breve sobre Uganda, donde el parlamento reserva cinco asientos para
representantes de personas con discapacidades.
A
continuación se presentan detalles sobre los informes de 12 países del mundo:
Brasil.
La constitución tiene varias provisiones que estipulan el salario mínimo,
oportunidades educativas y acceso a los edificios y transporte público para las
personas con discapacidades. Sin embargo, grupos relacionados con la
discapacidad informan que los gobiernos de los Estados no han cumplido con las
metas legales para las oportunidades educativas y de trabajo. La
Secretaría Nacional de Derechos Humanos auspició "Una ciudad para
todos" en cooperación con los gobiernos municipales y las ONG
internacionales que se dedican a dar mejor acceso a las personas con
discapacidades a las áreas y el transporte público. A pesar de ello, se ha
hecho pocos adelantos para eliminar las barreras arquitectónicas. A pesar que
en agosto, el gobierno de Río de Janeiro ordenó que las compañías de buses
de ciertas rutas deben mantener un mínimos de buses con adaptaciones para
sillas de ruedas, no se ha modificado ni los buses interestatales ni los
intercomunales. Según
el Ministerio Federal de Educación, solamente un 5% de los posibles 6 millones
de estudiantes con discapacidades en edad escolar tuvo acceso a la instrucción
especializada en 1997. Solamente un 43% de los distritos escolares ofrecen
instrucción especial para niños con discapacidades en el país.
Alemania.
El Departamento de Estado informa que no existe discriminación contra la
población con discapacidades ni en el trabajo ni la educación o en la entrega
de otros servicios del gobierno. La ley ordena la entrega de varios servicios
especiales y el gobierno debe hacer que se cumplan. Las personas con
discapacidades tienen derecho a asistencia para evitar, eliminar o aliviar las
consecuencias de sus discapacidades y asegurarse un trabajo concorde a sus
habilidades. El gobierno ofrece capacitación vocacional y otorgamientos para
contratistas que contratan a personas con discapacidades. A quienes tienen
discapacidades serias se les da ciertos beneficios como la eliminación de
impuestos, transporte público gratis, beneficios de estacionamiento y exención
de tarifas de radio y televisión.
El
gobierno federal diseñó lineamentos para la construcción de edificios públicos
"sin barreras" y para la modificación de calles y tráfico pedestre
para que acomodara a la población con discapacidades. Los 16 estados han
incorporado los lineamentos federales a sus códigos arquitectónicos y el 98%
de los edificios públicos federales respetan los lineamentos de un
"ambiente sin barreras".
India.
Según las ONG regionales, hay más de 90 millones de personas con
discapacidades en el país. No existe ley ni pronunciamiento para la
accesibilidad de las personas con discapacidades. Tras la adopción de la Ley
para personas con discapacidades (Igualdad de oportunidades, protección de los
derechos y la participación completa) de 1995, un naciente movimiento de
derechos de la discapacidad lentamente crea conciencia y da autosuficiencia a
las personas con discapacidades. Aunque la ley extiende la independencia, la
libertad y la igualdad de derechos a todas las personas con discapacidades, la
mayoría de las organizaciones de la discapacidad admiten que, hasta ahora, sus
efectos prácticos han sido mínimos a razón de una cláusula que limita la
implementación de los programas a la "capacidad económica" del
gobierno. En gran medida, los impedimentos físicos aún limitan la movilidad,
la ley previene la igualdad y la discriminación social mantiene el estado de
las personas con discapacidad. La
División de Personas con Discapacidades del Ministerio de Bienestar contaba con
un presupuesto de $38 millones (1650 millones de Rupias) para una serie de
organizaciones y comités a nivel nacional, regional y local en el año fiscal
de 1998-99. El ministerio ofrece servicios de rehabilitación a la población
rural por medio de 16 centros de distrito. Un plan nacional de rehabilitación
compromete al gobierno a habilitar un centro de rehabilitación en cada uno de
los más de 400 distritos, pero los servicios están concentrados en áreas
urbanas. El impacto de los programas de gobierno, sin embargo, ha sido limitado.
Se da financiamiento importante a un puñado de organizaciones gubernamentales
como la Corporación India de Manufactura de Miembros Artificiales, la Corporación
Nacional para el Financiamiento y Desarrollo de la Discapacidad y el Consejo de
Rehabilitación de India. Cada programa o entidad ofrece servicios específicos
o capacitación que incluye la producción de ayudas y prótesis, la promoción
de desarrollo económico orientado a las actividades de los discapacitados,
ofrece capacitación para profesionales médicos e instructores vocacionales en
relación con temas de la discapacidad y da rehabilitación integral para los
discapacitados rurales. Hay
otorgamientos menores para las ONG que coordinan programas para facilitar la
rehabilitación física, psicológica y social de los discapacitados y para
facilitar su integración a la sociedad mayoritaria. Durante 1998-99, se puso a
disposición $3 millones (130.5 millones de Rupias); pero se asignó sólo la
mitad como resultado de las restricciones monetarias a cada organización y la
pequeña cantidad de ellas. Programas
nuevos Dos
de los programas importantes que benefician a la población con discapacidades
son el Mentally Retarded in Family and Community (Personas con retrasos mentales
en la familia y la comunidad) y el National Institute for the Multiple
Disabilities (Instituto nacional para la discapacidad múltiple). El
primero, que partió en seis estados en 1998, principalmente está dedicado a
los niños pobres y crea conciencia sobre la discapacidad mental, sus problemas
y derechos. El segundo, actualmente auspiciado por el Ministerio de Bienestar,
ofrece rehabilitación a las personas con discapacidades múltiples como a
desarrollar cursos y materiales para ampliar la conciencia en las comunidades
del país. Según
la Persons with Disability Act (Ley para personas con discapacidad), el 3% de
las posiciones en oficinas gubernamentales debería reservarse para personas con
discapacidades visuales, auditivas u ortopédicas. El gobierno da precios
especiales en pasajes de trenes, asignaciones y becas de educación, exenciones
aduaneras y fondos presupuestarios del Ministerio de Desarrollo Rural, además
de capacitación para la rehabilitación para ayudar a las personas con
discapacidades. El respeto de estos derechos, sin embargo, no es completo. A
pesar que el gobierno ha dado pasos importantes para mejorar la condición de
las personas con discapacidades, su participación no ha sido la necesaria. La
mayoría de la responsabilidad del cuidado de la población con discapacidades
recae en la familia y en grupos voluntarios.
Los
derechos de quienes tienen enfermedades mentales
NHRC
sigue recibiendo quejas relacionadas con acoso, intolerancia y discriminación
contra la población con discapacidades. Sigue juntando información sobre los
casos e informando a las ONG y las entidades gubernamentales. Sin embargo, el
proceso es lento y sus efectos han sido mínimos hasta ahora. Anualmente, la
NHRC sigue en sus esfuerzos por mejorar las condiciones de los hospitales psiquiátricos
y promoviendo los derechos de quienes tienen discapacidades mentales. En 1997 le
encargó al Instituto Nacional de Salud Mental y Neurociencia una evaluación de
las condiciones en los hospitales psiquiátricos del país.
A
pesar que la constitución y la Ley de salud mental de 1987 aseguran los
derechos de los enfermos mentales y con discapacidades mentales, la NHRC indicó
que aunque existen esas protecciones, las condiciones de los hospitales psiquiátricos
dejan mucho que desear. Siguen manteniendo los viejos conceptos de la atención
de la salud mental y esencialmente funcionan como custodios en vez de
instituciones terapéuticas. En hacinamiento y como "basureros" de
familiares desesperados, a los hospitales psiquiátricos les falta hasta los
servicios más básicos y tienen prestaciones médicas malas. En agosto, la NHRC
informó que se hizo cargo de la administración de los hospitales psiquiátricos
de Ranchi, Bihar, Agra, Uttar Pradesh, y Gwalior, Madhya Pradesh por órdenes de
la Corte Suprema. Japón.
En 1997 el gobierno aceptó que se esterilizó a casi 16.500 mujeres con
discapacidades sin su consentimiento entre 1949 y 1992. Al aceptar la situación,
el gobierno declaró que no pensaba ni disculparse ni compensarlas, ni seguir
investigando el programa a pesar de las quejas de la Federación Nacional de la
Discapacidad Mental y de otros grupos representantes de mujeres y de personas
con discapacidades. Un personero del Ministerio de la Salud indicó que no se
necesitaba disculpas porque el procedimiento era legal en ese entonces. La Ley
de Protección Eugenética que se revocó en 1996´le permitía a los doctores
esterilizar a todas las personas con discapacidades mentales o con ciertas
enfermedades hereditarias sin su consentimiento tras la aprobación por comités
nombrados por los gobiernos locales. Los grupos de defensa de las mujeres y de
la población con discapacidades siguen presionando al gobierno para que
investigue todos los casos de esterilización, se disculpe formalmente y ofrezca
compensación. Aunque
en 1994 la ley de normas arquitectónicas para establecimientos públicos
permite que los dueños de hospitales, teatros, hoteles y empresas similares
reciban préstamos a bajo interés y retornos de impuestos si construyen
entradas y ascensores que sirvan a quienes tienen discapacidades, la ley no
exige que haya accesibilidad para ellos en los edificios. Se estima que hay 2.9
millones de personas con discapacidades físicas y más o menos 2 millones de
personas con discapacidades mentales. Aunque no sufren discriminación abierta
en lo laboral, educacional o en la entrega de otros servicios estatales, la
población con discapacidades se enfrenta a acceso limitado a la locomoción pública
normal y a otros servicios. La ley civil indica que las personas con
impedimentos auditivos o del habla no pueden crear testamentos válidos porque
no pueden "comunicar oralmente" al notario el contenido de un
testamento o indicar si el texto que les lee el notario es el correcto.
La
Mesa Redonda sobre Trabajo para los Discapacitados, que funciona dentro del
Ministerio del Trabajo, desde 1976 ordena que las compañías privadas con más
de 300 empleados contrate una proporción mínima fija de personas con
discapacidades. La penalidad por desacato es una multa. En 1998, un decreto del
ejecutivo ordenó que las compañías privadas elevaran la proporción de
personas con discapacidades dentro de su fuerza laboral del 1,6 al 1,8% y aumentó
el porcentaje de las personas con discapacidades en el sector público del 2 al
2,1%. Hay, sin embargo, evidencia que solamente la mitad de las compañías
obedecen el decreto. El reflujo económico actual lo sufren especialmente los
empleados con discapacidades y en 1998 la cantidad de ellos despedidos por las
compañías fue un 40% mayor que la cifra del año anterior.
Discapacidad
mental En
1998 se enmendó la Ley para Promover la Contratación de Discapacitados para
que incluyese a la población con discapacidades mentales. La enmienda también
dio más libertad al procedo de licencias de centros comunitarios de apoyo que
promueven la contratación de personas con discapacidades e introdujo subsidios
gubernamentales para la contratación de personas con discapacidades mentales en
trabajo temporario. En 1997, a un ex-empresario de la prefectura de Ibaraki que
había recibido generosos subsidios gubernamentales se le condenó a 3 años de
prisión' por abusar físicamente a trabajadores con discapacidades mentales en
su fábrica y por haber retenido parte de sus salarios. Una encuesta de marzo
hecha por un grupo de apoyo de personas con discapacidades mentales demostró
que un 44% del personal en casas para personas con discapacidades mentales aceptó
que maltrató a aquellos bajo su cuidado.
En
1995, la casa central de Promoción del Bienestar de Personas Discapacitadas,
creado por la oficina del Primer Ministro, recomendó que las municipalidades
diseñaran planes formales para la atención de ciudadanos antes de marzo de
1997. En 1996, el Ministerio de Salud y Bienestar también dio instrucciones a
los gobiernos locales para que fijaran metas para la cantidad de personal de
atención casera asignada a las personas con discapacidades. Sin embargo, según
informes de prensa, solamente un tercio de las municipalidades de la nación
tienen planes de atención profesionales para las personas con discapacidades.
Marruecos.
Una alta incidencia de enfermedades discapacitantes, especialmente la polio, ha
resultado en una consecuentemente alta incidencia de personas con
discapacidades. Aunque el Ministerio de Asuntos Sociales favorece la integración
social de las personas con discapacidades, en la práctica son las caridades
privadas las únicas que lo hacen. Sin embargo, los programas de capacitación
sin fines de lucro son más caros de lo que la mayoría de las familias puede
costear. Por lo general, las personas con discapacidades reciben apoyo de sus
familias y algunas de ellas sobreviven pidiendo limosna. El gobierno sigue
manteniendo un programa piloto de capacitación de ciegos que recibe
financiamiento parcial de un miembro de la familia real. No hay leyes que
obliguen cambios arquitectónicos para facilitar el acceso de personas con
discapacidades. Nueva
Zelandia. La ley prohibe la discriminación contra personas con
discapacidades en el trabajo, la educación y la entrega de otros servicios del
estado. El acatamiento de las leyes de acceso ordenadas por las leyes de
Derechos Humanos y de Bienestar Comunitario para las Personas con Discapacidades
varía según los esfuerzos que hacen los dueños de negocios y otros que se
esfuerzan para hacer las adaptaciones necesarias. El gobierno no ha cumplido
totalmente con las leyes de acceso para todos prohibiendo la discriminación
basadas en la discapacidad en áreas como la movilización pública y servicios
públicos. Por medio de una ley que entró en efecto el 1ero de octubre. El
gobierno extendió la exención de las leyes contra la discriminación por otros
dos años, dejando en claro que no se tiene que cumplir con las leyes de acceso
igualitario para las personas con discapacidades hasta el 1ero de enero de 2001.
Mientras, el Ministro de Justicia debe informar semestralmente sobre el
cumplimiento de las leyes de acceso igualitario del sector público.
El
gobierno no ha legislado ni ordenado cumplir las órdenes para facilitar el
acceso de personas con discapacidades a edificios. Aunque en 1998 el Ministerio
de Salud creó un Consejo para la Rehabilitación para resolver las necesidades
de 559.000 ciudadanos con algún tipo de discapacidad, solamente un 3% de ellos
recibe tratamiento médico. Los veteranos de guerra y otras personas con
discapacidades reciben atención costeada por el gobierno por medio de estas clínicas
y hospitales, pero la atención es generalmente mala; pero con la asistencia de
ONG internacionales, gobiernos extranjeros y el sistema de salud público, el
gobierno ha comprado miles de prótesis y otro equipo médico para veteranos y
ex-miembros de la resistencia. Nicaragua.
El gobierno no ha legislado ni ordenado cumplir las órdenes para facilitar el
acceso de personas con discapacidades a edificios. Aunque en 1998 el Ministerio
de Salud creó un Consejo para la Rehabilitación para resolver las necesidades
de 559.000 ciudadanos con algún tipo de discapacidad, solamente un 3% de ellos
recibe tratamiento médico. Los veteranos de guerra y otras personas con
discapacidades reciben atención costeada por el gobierno por medio de estas clínicas
y hospitales, pero la atención es generalmente mala; pero con la asistencia de
ONG internacionales, gobiernos extranjeros y el sistema de salud público, el
gobierno ha comprado miles de prótesis y otro equipo médico para veteranos y
ex-miembros de la resistencia. Rusia.
La constitución no discute el tema de la discriminación contra la población
con discapacidades. Aunque legalmente se prohibe la discriminación, el gobierno
no hace que se respete. Los pocos recursos que el gobierno puede dedicar a la
ayuda de las personas con discapacidades se entregan a los veteranos de la
Segunda Guerra Mundial y otros conflictos militares. Hay instituciones
especiales para niños con discapacidades, pero no se les atiende adecuadamente.
El gobierno no exige acceso especial para personas con discapacidades a los
edificios. La Sociedad para la Defensa de los Inválidos, una ONG, trata de
crear conciencia y comprensión sobre las necesidades de los discapacitados.
Una
ley de 1995 exige que las firmas con más de 30 empleados reserve un 3% de sus
posiciones para personas con discapacidades o contribuya con un fondo
gubernamental para crear oportunidades de trabajo para personas con
discapacidades. La ley hizo que se eliminara lenguaje que define a un "inválido"
como a una persona incapaz de trabajar, mas el gobierno no la ha hecho cumplir.
Algunas personas con discapacidades han encontrado trabajo de la Sociedad Rusa
para Personas con Discapacidades, pero la mayoría no puede encontrar trabajo y
frecuentemente se la convence para que no trabaje en vez de convencerla que deje
de subsistir de la beneficencia pública.
En
diciembre de 1998, Human Rights Watch informa en el artículo Abandoned to the
State (Abandonado al estado) se documenta las calamitosas condiciones de los
orfanatos. El informe tiene fotografías tremendamente dramáticas de niños
excesivamente desnutridos en orfanatos estatales para personas con
discapacidades. El
tener discapacidades sigue siendo un estigma serio en el país, actitud que pesa
profundamente sobre cómo se trata a los niños institucionalizados. A muchos de
los niños con discapacidades físicas o mentales se los considera no aptos para
la educación aun a pesar que son menores defectos de nacimiento. Según el
informe, a muchos se los restringe el día entero a camas o piezas que no tienen
iluminación, calefacción ni amoblado adecuado. Quienes les dan atención mínima
son trabajadores malamente pagados sin calidad profesional en atención de
personas con discapacidades. Arabia
Saudita. La entrega de servicios sociales ha aumentado constantemente la
socialización de las personas con discapacidades. La prensa incluye noticias
donde se felicita los logros de las personas con discapacidades y se critica
duramente a los padres que maltratan a sus hijos con discapacidades. El gobierno
y organizaciones de beneficencia cooperan en aspectos de educación, trabajo y
otros servicios para personas con discapacidades. La ley habla de cuotas de
contratación para las personas con discapacidades. Aunque no existe legislación
que exige el acceso público, los edificios más modernos casi siempre ofrecen
acceso. Específicamente,
la ley no prohibe ni el trabajo forzado ni la servidumbre de niños. A pesar de
la rara excepción de bandas de limosneros dominadas por criminales y
exceptuando las empresas de familia, ni el trabajo forzado ni la servidumbre de
niños existe. En 1997, el gobierno trató intensamente de erradicar la limosna
por niños. Bandas
criminales compuestas casi exclusivamente por extranjeros compra e importa niños,
a veces con discapacidades, del sur este asiático para forzarlos a pedir
limosna. Los dirigentes de las bandas sistemáticamente fuerzan a los niños a
pedir limosna en las calles y luego les confiscan lo ganado. En el año, las
autoridades arrestaron algunos de los jefes de las bandas y regresaron a por lo
menos 76 de los niños a sus países.
Africa
del Sur. La constitución prohibe la discriminación en base a la
discapacidad. La sociedad se abre al concepto de personas con discapacidades
como una minoría cuyos derechos cívicos deben ser protegidos. El gobierno
trata de asegurar que todos los proyectos financiados por el gobierno tomen en
cuenta las necesidades de los ciudadanos con discapacidades. En la práctica,
sin embargo, tanto en el gobierno como en el sector privado existe discriminación
contra ellos. Según el Affirmative Action Monitor, una ONG, menos de dos
tercios de las compañías identifican a personas con discapacidades para formar
parte de sus programas de acción afirmativa. La ley exige que en los edificios
haya acceso para las personas con discapacidades, pero los reglamentos casi no
se cumplen y el publico más bien lo ignora. La Ley de Contratación Equiparada
exige que las empresas con más de 50 trabajadores creen un plan de acción
afirmativa con miras a lograr la contratación igualitaria de personas con
discapacidades. El National Environmental Accessibility Program, una ONG, que
une a consumidores con discapacidades y proveedores de servicios se ha
establecido en nueve provincias para hacer cabildeo y exigir que se cumplan los
reglamentos y querellarse contra los dueños de propiedades cuando sea
necesario. Uganda.
La constitución reserva cinco escaños parlamentarios para representantes de
personas con discapacidades, cinco escaños para representantes juveniles, más
tres escaños para los sindicatos. Los parlamentarios que dicen no pertenecer a
ningún partido participan de lleno en las actividades parlamentarias.
La
constitución indica que las personas con discapacidades tienen "el derecho
al respeto y a la dignidad humana" y que se necesita que las autoridades
tomen las medidas necesarias "para que logren todos sus potenciales
mentales y físicos"; mas a pesar de este mandato, los servicios y oficinas
gubernamentales no se ven obligados a cumplir aspectos como la accesibilidad de
personas con discapacidades a los edificios. La mayoría de los edificios son de
un piso, pero en las ciudades más grandes donde hay edificios de más de un
piso, ellos no tienen ascensores y, aun donde los hay, no se puede contar con
ellos. La discriminación generalizada por la sociedad y los contratistas limita
las oportunidades de educación y trabajo para quienes tienen discapacidades. En
1998, el gobierno nombró a un Ministro de Estado para personas con
discapacidades además del Departamento de Personas con Discapacidades en el
Ministerio de Genero Sexual, Trabajo y Desarrollo Social, pero estas oficinas y
posiciones tienen poco presupuesto para cumplir o apoyar las iniciativas.
Reino
Unido. La Ley Contra la Discriminación de Personas con Discapacidades, de
1995, prohibe la discriminación contra personas con discapacidades en cuanto al
acceso a edificios públicos donde hay más de 15 trabajadores, personal de
servicios (fuera de los educadores y manejan vehículos) y por quienes venden o
arriendan propiedades. La Ley de Educación, de 1993, impone tareas específicas
a las autoridades educacionales locales para que cumplan con las necesidades
educacionales especiales de los niños con discapacidades. La ley Comisión de
Derechos de la Discapacidad (DRC), aprobada en julio, crea un cuerpo entre cuyas
funciones se incluye vigilar la Ley de Discriminación Contra la Discapacidad,
asistiendo a la población con discapacidades a querellarse y promoviendo prácticas
positivas entre los proveedores de servicios. La DRC también tiene poder para
hacer investigaciones formales. Actualmente,
un consorcio de más de 70 organizaciones de la discapacidad promueve leyes para
terminar con la discriminación basada en la discapacidad, informa que los
contratistas tenían seis veces más posibilidades de ignorar a una persona con
discapacidades que a una persona sin ellas con las mismas calificaciones. Los
reglamentos gubernamentales exigen que todas las nuevas construcciones cumplan
con los requisitos de acceso para las personas con discapacidades de movilidad.
En 1992, el gobierno decretó reglamentos parecidos para beneficiar a las
personas con discapacidades sensoriales y exige que los taxis tengan acceso para
sillas de ruedas para el 2000. Aunque por lo general han mejorado, el acceso a
muchos edificios es inadecuado y muchos edificios y estaciones de trenes son tan
viejas que no tienen ascensores. Según la ONG Scope, el 94% de los puestos de
votación de la elección de 1997 tenía uno o más problemas de acceso para la
discapacidad. En septiembre, la segunda etapa de la Ley de Discriminación de la
Discapacidad entró en efecto y exigía que todos los negocios dieran servicios
a los compradores con discapacidades. Las adaptaciones debían ser
"razonables", teniendo en cuenta las circunstancias y el tamaño de la
empresa. Por ejemplo, se podía esperar que una cadena de restoranes imprimiera
el menú en braille cuando en un pequeño restorán de barrio el mozo tendría
que leerle el menú a un ciego.
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